Varios científicos señalan que este artículo limita la investigación local.

Están desalentando la investigación”. Con estas palabras Javier Carvajal, director del Centro Neotropical para investigación de la biomasa, de la Universidad Católica, muestra su preocupación ante el contenido del artículo 402 del proyecto de nueva Constitución.

Este artículo “...prohíbe el otorgamiento de derechos, incluidos los de propiedad intelectual, sobre productos derivados o sintetizados, obtenidos a partir del conocimiento colectivo, asociado a la biodiversidad nacional”.

El especialista advierte que quienes estudien, por ejemplo, algún tipo de alimento ancestral y encuentren una proteína importante deberán renunciar a una posible patente.

Aclara que los científicos no buscan apoderarse del bien cultural, sino compartir las regalías con el Estado. ¿Qué ocurre si un equipo de investigadores encuentra la cura a una determinada enfermedad? ¿El Estado patentará este conocimiento?

Esta última posibilidad tampoco está contemplada en el artículo 402. Carvajal precisa que en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, de las Naciones Unidas, de la cual Ecuador es signatario, ya se establece el pago de los royalties, es decir, el pago de un porcentaje de las ganancias por el uso de los recursos genéticos y culturales, al Estado.

Ernesto de la Torre, decano de la Facultad de Química de la Escuela Politécnica Nacional, dice que aunque la chicha no puede ser patentable, porque se trata de un bien ancestral, sí sería justo que quien logre mejorar el proceso para su obtención quiera patentar ese procedimiento.

“De lo que se trata es de la ventaja competitiva que se consigue al aplicar una determinada tecnología, que es el resultado de una investigación. Sobre este aspecto, Alexandra Narváez, bióloga molecular y directora del Laboratorio de Biotecnología Vegetal, de la Universidad Católica, advierte que no se trata de patentar los microorganismos, sino el proceso desarrollado para obtener un determinado compuesto, por ejemplo, un antibiótico.

La investigadora explica que el Laboratorio que dirige realiza un trabajo para conocer los árboles resistentes a cierto hongo.

“Si logramos identificar a los árboles resistentes no podremos patentar el proceso que llevó a identificarlos, porque está involucrado un recurso biológico local. Considero que el artículo 402 es un obstáculo desde el punto de vista científico”.

Sofía Espín, asambleísta de la Mesa 5, que elaboró este artículo, explica que el objetivo es evitar que se repita el caso de la ayahuasca.

Esta planta, utilizada en ceremonias indígenas en laAmazonia, fue patentada por una transnacional. “La biodiversidad del país le pertenece a los ecuatorianos.

Se puede reconocer la investigación, pero hay que evitar que una sola persona se apropie del conocimiento colectivo”.