ONU pide respeto por la propiedad intelectual indígena – 13/08/2012

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual señaló que los medios de comunicación indígenas son un espacio para preservar la identidad y garantizar su creatividad e innovación.

Francis Gurry, Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI, instó en su mensaje con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, a respetar su deseo de “tener control sobre cómo sus culturas son aproximadas, usadas y representadas, especialmente en los medios de comunicación”.

Gurry señaló que este es de los temas abordados en las negociaciones de la OMPI sobre conocimientos tradicionales, recursos genéticos, folklore y expresiones culturales tradicionales que apuntan a buscar un balance entre intereses contrapuestos sobre los beneficios derivados de la creatividad y la innovación indígenas.

Entre los avances sobre el tema, mencionó el Proyecto del Patrimonio Creativo de OMPI, que proporciona capacitación práctica a comunidades indígenas para documentar sus propias expresiones culturales tradicionales y administrar sus intereses de propiedad intelectual en relación con sus grabaciones.

Igualmente, recordó la aprobación del Tratado de Beijing sobre Interpretaciones Audiovisuales el pasado 26 de julio, el cual proporciona protección internacional de los derechos morales y patrimoniales de artistas audiovisuales, incluyendo intérpretes de expresiones culturales tradicionales.

Foto: OMPI.

Conocimientos tradicionales, recursos genéticos, folklore y expresiones culturales tradicionales

Mensaje con ocasión del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
Francis Gurry, Director General de la OMPI.

Los pueblos indígenas crean, mantienen y desarrollan los conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales y por lo tanto tienen un interés directo en las negociaciones en curso de la Organización Mundial de la propiedad intelectual (OMPI) con el objetivo de alcanzar un acuerdo sobre un instrumento (s) jurídico internacional que garanticen la protección eficaz de los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales tradicionales. Las negociaciones también abordan la relación entre la propiedad intelectual y recursos genéticos, otra cuestión de interés trascendental e importancia para los pueblos indígenas. Las negociaciones tienen lugar en el Comité Intergubernamental sobre propiedad intelectual y recursos genéticos, conocimientos tradicionales y folclore (IGC en inglés).

El desafío en estas complejas negociaciones sobre propiedad intelectual es encontrar un balance apropiado entre intereses contrapuestos respecto a los conocimientos tradicionales, las expresiones culturales tradicionales y los recursos genéticos. Las políticas de propiedad intelectual, después de todo, son un mecanismo de balance de intereses contrapuestos en los beneficios derivados de la creatividad y la innovación, y similar equilibrio debe alcanzarse cuando se considera la protección de la creatividad e innovación “tradicional”.

En este sentido, el tema de este año para el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, “Medios de Comunicación Indígena: Empoderando las Voces Indígenas”, refiere directamente a cuestiones de propiedad intelectual, específicamente al deseo de los pueblos indígenas a tener control sobre cómo sus culturas son aproximadas, usadas y representadas, especialmente en los medios de comunicación. Este es uno de los temas abordados en las negociaciones de la OMPI ya mencionadas. El deseo de empoderar las voces indígenas también yace en el Proyecto del Patrimonio Creativo: la gestión estratégica de los derechos e intereses de la propiedad intelectual de la OMPI. Este programa proporciona capacitación práctica a comunidades indígenas para documentar sus propias expresiones culturales tradicionales y administrar sus intereses de propiedad intelectual en relación con sus grabaciones.

En un acontecimiento relacionado, la OMPI se complace en anunciar la aprobación del Tratado de Beijing sobre Interpretaciones Audiovisuales el 26 de junio de 2012. Este Tratado proporciona protección internacional de los derechos morales y patrimoniales de artistas audiovisuales, incluyendo intérpretes de expresiones culturales tradicionales.

En mayo de este año, la OMPI tuvo el honor de participar en un diálogo amplio con el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU. Agradecemos a su presidente, el jefe Edward John, por dar la bienvenida a la OMPI y por conducir este diálogo. Las posteriores recomendaciones del Foro proporcionan valiosas orientaciones a la OMPI, y estamos deseosos de trabajar más estrechamente con el Foro.

Quisiera agradecer personalmente a la Sra. Valmaine Toki, Vicepresidente del Foro, y al Sr. Paul Kanyinke Sena, miembro del Foro, por participar en un panel indígena durante el 22º Período de Sesiones del Comité Intergubernamental (IGC) de la OMPI, realizado en la OMPI en Julio de este año, el cual fue muy bien recibido y elogiado.

Es con profundo agradecimiento y respeto que la OMPI se suma a la celebración del empoderamiento de las voces indígenas, a través de los medios de comunicación indígenas, como un medio de preservar las identidades indígenas, garantizando su subsistencia y promoviendo su creatividad e innovación.

Ginebra, 7 de Agosto 2012.

Perú otorga títulos para proteger conocimiento indígena – 27/08/2012

Prensa y Comunicaciones – INDECOPI
[LIMA] El Estado peruano otorgó (9 de agosto) 453 títulos de registro de conocimientos colectivos asociados a biodiversidad a tres comunidades nativas de la Amazonía, pertenecientes a los pueblos Bora y Ocaina.

Con esto suman 885 los registros otorgados a más de media docena de pueblos indígenas, principalmente amazónicos, desde que en 2002 se estableció por ley un régimen pionero de propiedad intelectual para proteger los conocimientos ancestrales indígenas vinculados a recursos biológicos.

Del total, 492 son registros confidenciales, es decir, protegidos contra la revelación, adquisición o uso del conocimiento sin consentimiento previo o de manera desleal, informó a SciDev.Net Bruno Mérchor, director de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), entidad que otorga los registros.

“Si se llega a celebrar un contrato de licencia de uso [con alguna comunidad propietaria], se especificará si los fines del acceso son industriales o comerciales, y se pagará a la comunidad el cinco por ciento de las ventas por comercialización de los productos que utilicen o se basen en conocimientos confidenciales, y un diez por ciento al fondo para el desarrollo de los pueblos indígenas”, añadió.

Los registros otorgados a las comunidades de los pueblos Bora y Ocaina están relacionados con usos en alimentación, medicina, cosmética y tintes vegetales de más de 120 plantas amazónicas, algunas bastante conocidas, como la cocona (Solanum sessiliflorum), y otras conocidas solo localmente, como la sangre de grado (Croton lechleri) ) o el chuchuhuasi (Maytenus macrocarpa).

Los registros también consideran aspectos espirituales asociados a la cosmovisión de cada pueblo y su interacción con la naturaleza, subrayó Mérchor.

Para identificar los conocimientos ancestrales, los especialistas de INDECOPI se internan en comunidades remotas y permanecen semanas y hasta meses conviviendo con ellas y aprendiendo sus usos y costumbres.

Un problema que suelen enfrentar es el de la pertenencia. “Hay muchos pueblos que comparten el mismo conocimiento y puede resultar difícil identificar dónde se originó”, explicó a SciDev.Net María Virginia Montoya, directora del Programa de Sociodiversidad del Instituto de Investigaciones de la Amazonía.

Otro es el tiempo: hay pueblos con los que recién se ha hecho contacto hace 10 o 15 años, allí hay que hacer un trabajo de rescate, porque se están perdiendo aceleradamente los conocimientos, acotó.

Se estima que Perú posee más de 4.400 plantas con usos conocidos, pero los 885 registros actuales se relacionan apenas a 250 plantas y dos animales, “es decir, hemos abarcado recién el seis por ciento”, señala Mérchor.

TLC con Unión Europea evitará la biopiratería de productos autóctonos peruanos – 29/06/2012

El Tratado de Libre Comercio (TLC) con la Unión Europea evitará la biopiratería y el uso de productos autóctonos que no cumplan con las formalidades que la legislación internacional exige para estos casos, informó hoy el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

Las instituciones interesadas en utilizar académica o comercialmente los conocimientos tradicionales de Perú tendrán que pedir una autorización y pagar la licencia de uso a las comunidades de donde provienen estos productos, dijo el jefe de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi, Bruno Mérchor.

Señaló que en las negociaciones del TLC se logró que se respete el sistema legal de patentes, la biodiversidad y los conocimientos tradicionales de Perú.

Explicó que en el caso del TLC con Estados Unidos se hizo una carta adjunta al acuerdo, mientras que en las negociaciones con la Unión Europea se incluyó en el texto del acuerdo comercial.

“De ese modo, evitaremos a biopiratería y ya no habrá empresas europeas que lancen un medicamento a partir de un producto oriundo de Perú”, señaló.

El conjunto de países de la Unión Europea reconocieron la vigencia de los conocimientos regionales y el manejo de sus recursos, y aceptaron ciertas reglas y principios tradicionales, finalizó.

IEPI trabaja con Perú para controlar 300 casos de bio-piratería – 19/06/2012

En Ecuador se han registrado 300 posibles casos de “Bio-piratería”, señala Andrés Icaza, director del instituto de propiedad intelectual del Ecuador. “Se están realizando investigaciones científicas con los recursos genéticos y conocimientos ancestrales de Ecuador. Las comunidades deben saber para qué se están usando los recursos y también deben recibir los beneficios”, dice.

Según los informes de la institución y otras denuncias presentadas por los ciudadanos, del país han salido 700 ranas que llevaban en su lomo una sustancia más poderosa que la morfina. También han sido sustraídos recursos genéticos de la plataforma submarina, que ahora se comercializan en el extranjero procesados, como bio-díesel. A la lista se suman las 2.000 muestras de plantas que utiliza la comunidad indígena Awa, como medicina o alimento, cuyo destino aun se ignora.

Ecuador, como miembro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), mantiene un convenio que establece el mecanismo de acceso a los recursos, en el que se fija que todo procedimiento “requerirá de la presentación, admisión, publicación y aprobación de una solicitud, de la suscripción de un contrato…”.

La semana pasada se realizó una reunión entre la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (Ompi), el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) y la Comisión Nacional contra la Bio-Piratería de Perú, para establecer una metodología que permita rastrear los intentos de patentar recursos ecuatorianos en otros países. Por ejemplo, en Perú se han registrado procesos de patente, utilizando las propiedades de la planta Maca, conocida en su país de origen por tener propiedades vigorizantes.

A este matojo también so la utiliza para tratar la infertilidad: “Como no podemos monitorear las 35.000 especies del Perú, hemos priorizado 35. Se hace un monitoreo permanente en las principales oficinas de patentes del mundo, que están en la obligación de difundir la solicitud de patente”, explica Andrés Valladolid, representante del ente peruano.

En este país se han frenado 9 intentos de patentar la maca, en oficinas de Francia, Corea y Japón, detalla Valladolid. Para lograrlo, la comisión envía un informe técnico estableciendo que el uso que se pretende dar a la planta ya es conocido por las comunidades.

Begoña Venero, jefa de la división de conocimientos tradicionales y recursos genéticos de la OMPI, explica que en Perú e India -países que tienen recursos codiciables- la lucha contra la bio-piratería se ha concentrado en los requisitos de patentabilidad, es decir que el producto creado -utilizando la planta tradicional- sea novedoso y tenga algún nivel de inventiva. “Una cosa es que no se cumplan estos requisitos y otra que no se haya obtenido los permisos para obtener el material; en ningún caso que conozca se han cuestionado las patentes por la última razón”.

Aunque la legislación de la CAN establece que con recursos genéticos de por medio y saberes ancestrales se debe obtener un permiso, “hay que recordar que la nulidad de la patente se obtiene en el país donde se la está intentando registrar”, dice. La representante de la OMPI adelantó que Ecuador va a firmar un acuerdo con Perú para que los dos países puedan trabajar juntos en los casos -que les competan- de utilización indebida de recursos

El director del IEPI asegura que no existe una norma para “determinar cuál es el mecanismo de acceso cuando existe un conocimiento ancestral asociado al recurso”.

Semillas mexicanas, el nuevo botín de las transnacionales – 20/04/2012

Por Emilio Godoy

MÉXICO, abr (IPS) – La biodiversidad y la pequeña y mediana agricultura están amenazadas en México por la cercana aprobación de una norma de variedades vegetales que extenderá los derechos de patente sobre las semillas, alertan activistas y expertos.

La Cámarade Diputados tiene ya en sus manos la reforma de la Ley Federalde Variedades Vegetales, vigente desde 1996, que ya aprobó el Senado en noviembre.

“Están tratando de privatizar más este sector tan importante, parte de una embestida promovida por las transnacionales, dándole más derechos a los obtentores (de la variedad), que en su mayor parte son estas grandes empresas”, dijo a IPS la directora general de la no gubernamental Semillas de Vida, Adela San Vicente.

Los cambios legales, defendidos por el gobierno, plantean abarcar todo el material vegetal, incluido el derivado de la cosecha, e introducen la figura de la “variedad esencialmente derivada”, rótulo protector de los organismos genéticamente modificados (OGM).

Además, se aumenta el plazo de protección al obtentor de una variedad de 15 a 25 años.

La reforma entraña el riesgo, entre otros, de que los campesinos que reciben semillas híbridas y las vuelven a cruzar en los sembradíos puedan ser perseguidos legalmente, pues carecerían de autorización para usar esos insumos.

“Están preparando el camino para que, si los maíces nativos se contaminan con cultivos transgénicos, por ejemplo, la industria podría cobrar derechos, porque los granos criollos contienen sus genes”, denunció a IPS el investigador Alejandro Espinosa, del Programa de Maíz del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap).

“Sería el último clavo del ataúd del campo mexicano”, lamentó el científico, que ha desarrollado más de 30 especies híbridas en el Inifap y más de 12 en la pública Universidad Nacional Autónoma de México, utilizadas por pequeñas empresas y que se distribuyen a nivel local.

Con la proyectada reforma legal, México no necesitaría adherirse a la revisión de 1991 del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, creado en 1961 y cuyo órgano ejecutor es la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV).

México se integró en 1978 a la UPOV, que según sus estatutos busca proteger los derechos del obtentor de cada nueva variedad vegetal que satisfaga los criterios de estabilidad y homogeneidad pautados en el acuerdo intergubernamental.

También estipula una doble protección para el obtentor de la variedad y el propietario de la patente vegetal original.

La UPOV, con sede en Ginebra, tiene como misión “proporcionar y fomentar un sistema eficaz para la protección de las variedades vegetales con miras al desarrollo de obtenciones vegetales en beneficio de la sociedad”, según su sitio digital.

La última revisión del Convenio, que se efectuó en 1991 y entró en vigor en 1998, ampara los derechos de propiedad de Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea y establece la novedad fundamental de permitir la consideración de los derechos de nuevos caracteres genéticos, en abierta concesión a los OGM.

En México se generan más de 250.000 toneladas de simientes, según el gubernamental Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS), el organismo supervisor de unas 55.000 hectáreas para producción de simientes de una veintena de cultivos.

Un colectivo de investigadores y organizaciones no gubernamentales ya pidieron a los legisladores que detengan la reforma y que la sometan a un debate abierto con todos los sectores involucrados, incluidos los pequeños y medianos productores agrícolas, los principales afectados.

“La semilla criolla (nativa) es el único insumo que usan los campesinos, a quienes se les deja sin ningún derecho. Y con los problemas del cambio climático, la pierden o la reutilizan. La semilla ha sido un bien común de la humanidad. Incluso, si investigadores usan esas semillas también pueden actuar contra ellos”, subrayó San Vicente.

En México, la segunda economía latinoamericana y con 112 millones de habitantes, hay aproximadamente cinco millones de familias que se desempeñan en la actividad campesina, según datos oficiales.

Con la proyectada reforma, El SNICS tendría la potestad de imponer multas e incluso impedir el uso de las tierras por infracciones a los derechos de patente y obtención de variedades.

El organismo ya ha registrado a más de 150 obtentores de una veintena de países sobre más de 100 especies. De ese total, 43 por ciento es de índole agrícola, 26 por ciento ornamental y el resto se reparte entre frutales, hortalizas y forestales.

Los países latinoamericanos han registrado ante la UPOV menos de 1.000 solicitudes de derechos de obtención.

Mientras, la coalición no gubernamental No a las Patentes sobre Semillas (No Patents on Seeds) aprecia que desde 1996 han disminuido “las semillas informales”, las obtenidas por métodos convencionales de siembra y recolección, y han crecido las comercializadas, conseguidas industrialmente.

“Las variedades mejoradas y nativas necesitan que haya cientos y cientos de variedades para asegurar la sustentabilidad. Los avances en su rendimiento son amigables con el ambiente, porque son genes de la misma especie”, explicó el investigador Espinosa.

“El mejoramiento se hace con las mejores plantas de acuerdo al ambiente. Es lo que los productores han hecho durante décadas”, abundó.

Pero México está cada vez más inerme en proteger este sistema. La Productora Estatal de Semillas está en proceso de liquidación desde comienzos de la década pasada y ello ha dejado al sector en manos de empresas privadas mexicanas y extranjeras.

Además, las leyes de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, de 2005, y de Producción, Certificación y Comercialización de Semillas, de 2007, le han dado cada vez más espacio de acción a la industria.

En el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales, actualizado por el SNICS en diciembre, aparecen 1.827 especies, de las cuales la mayoría son de maíz, frijol, sorgo, trigo y papa.

Institutos de investigación públicos y grandes conglomerados alimentarios transnacionales, como las estadounidenses Monsanto y Pioneer inscribieron sus variedades en ese catálogo.

El registro en este listado es el primer requisito para la inscripción en un programa de producción de semillas.

En el país hay al menos 180 ejemplares de uso común, como el nopal (opuntia), el güisquil (chayote o chayota), el aguacate y el tomate.

El SNICS defiende el mercado de los genes con el argumento de que se protege el patrimonio genético, se facilita el acceso al material, condicionado a una distribución justa de beneficios económicos; se cumplen regímenes especiales para especies endémicas, se previene el saqueo de los recursos y la biopiratería y se fortalece la capacidad institucional. (FIN/2012)

No a la biopiratería: grupos nacionales asumirán el reto – 11/04/2012

La UICN-Sur y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental continúan trabajando para cumplir con la implementación del Proyecto Regional GEF-PNUMA-UICN, en especial en lo que se refiere a prevenir y contrarrestar los efectos de la biopiratería y el acceso irregular.

Para ello, el proyecto promueve la creación y la consolidación de grupos nacionales de prevención de casos de biopiratería en Colombia, Ecuador y República Dominicana. La experiencia de Perú en la lucha contra la biopiratería será la base para un intercambio de experiencias sur-sur, que incluye el conocimiento de la metodología y las lecciones aprendidas en procesos nacionales.

Este paso arrancará con la identificación de instituciones públicas y privadas, actores y agentes de apoyo, que pertenezcan a diferentes sectores de la sociedad, para que integren aspectos legales, técnicos y sociales en el análisis de los potenciales casos de biopiratería, así como en la definición de las estrategias de trabajo en la prevención de accesos ilegítimos. Se espera que los grupos nacionales de prevención trabajen conjuntamente con las autoridades nacionales con el fin de que los países y los titulares de los derechos logren negociar mejor, coordinar y monitorear los acuerdos de ADB.

El Proyecto Regional “Fortalecimiento de la Implementación de los regímenes de Acceso a Recursos Genéticos y Distribución de Beneficios en América Latina y el Caribe” es ejecutado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, Oficina Regional para América del Sur (UICN-Sur) e implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), a través de su Oficina Regional para América Latina y el Caribe (ORPALC), con el apoyo financiero del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés).

El objetivo principal es fortalecer las capacidades nacionales de ocho países (Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, República Dominicana, Guyana, Panamá y Perú) en la región de América Latina y Caribe para implementar y/o cumplir con políticas y marcos legales relativos al acceso a recursos genéticos, la distribución de beneficios y la protección del conocimiento tradicional.
Para este componente, los socios técnicos son la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) y Oficina Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI).

¿La nueva cara de la biopiratería en América Latina? – 26/03/2012

La última alarma para el gobierno brasileño surgió con la noticia de que indios de la etnia mundurucú cedieron por US$120 millones los derechos sobre sus tierras a una empresa irlandesa del negocio de créditos de carbono.

El acuerdo establece que por 30 años los indios estarán impedidos de plantar o extraer maderas de sus tierras, de una superficie similar a El Salvador, a las cuales la empresa tendrá acceso irrestricto, informó hace pocos días el diario “O Estado de Sao Paulo”.

Las autoridades brasileñas advierten que este y otros contratos similares ofrecidos a etnias indígenas por empresas de créditos de carbono suponen un riesgo de explotación oculta de la biodiversidad del país.

La ministra brasileña de Medio Ambiente, Izabella Teixeira, dijo en el mismo diario que se debe evitar que las oportunidades para avanzar en la valorización de la biodiversidad “disfracen acciones de biopiratería”.

“Es un nuevo canal que se abre para la biopiratería”, indicó a su vez la asesoría de comunicación de la presidencia de la Fundación Nacional del Indio (Funai), una entidad estatal brasileña, en declaraciones a BBC Mundo.

Libre acceso”

La biopiratería es comúnmente entendida como el uso con fines comerciales o científicos de recursos de la biodiversidad y conocimientos ancestrales de la misma sin una autorización o compensación adecuada.

“Algunas de las propuestas de contratos presentadas a las comunidades indígenas incluyen cláusulas de libre acceso a tierras indígenas y a todo el patrimonio biológico en ella contenido por parte de las empresas, lo que puede facilitar acciones de biopiratería”

Declaración de la Fundación Nacional del Indio

Esta práctica para desarrollar productos medicinales, farmacéuticos, agroindustriales y de otro tipo ha provocado medidas preventivas de las Naciones Unidas y de países latinoamericanos en la región Amazónica.

Ecuador, por ejemplo, anunció hace pocos días que prepara un proyecto de ley para enfrentar el fenómeno en general.

Brasil ha tomado medidas contra la biopiratería desde hace años, pero las autoridades creen que los contratos de empresas que negocian con créditos de carbono en tierras indígenas muestran la necesidad de adaptar las normas.

“Algunas de las propuestas de contratos presentadas a las comunidades indígenas incluyen cláusulas de libre acceso a tierras indígenas y a todo el patrimonio biológico en ella contenido por parte de las empresas, lo que puede facilitar acciones de biopiratería”, indicó la Funai.

“El pretexto para tal cláusula es la supervisión del área para que las empresas puedan acompañar la preservación de la selva. No obstante, la falta de reglamentación de ese mecanismo deja espacio para otras actividades e investigaciones no relacionadas con el comercio de carbono”, agregó.

Contratos bajo la lupa

Más de 30 etnias brasileñas fueron contactadas por empresas extranjeras.

Más de 30 etnias brasileñas han sido abordadas por empresas o personas físicas que buscan negocios vinculados a los créditos de carbono, aunque no siempre se han cerrado contratos, precisó la Funai.

Se desconoce cuántos quilómetros cuadrados de tierras indígenas abarcan los contratos ya firmados, que fueron transferidos a la Procuraduría General de la Unión para que eventualmente tome medidas judiciales.

La Funai niega que los acuerdos tengan validez jurídica, “porque Brasil todavía no reglamentó el mecanismo de REDD, como se llama ese mecanismo de compras y ventas de créditos de carbono”.

REDD es un método de pago a países en desarrollo o a comunidades dentro de ellos para que conserven sus bosques y puedan reducir así las emisiones de CO2 derivadas de la deforestación.

Las cantidades de carbono que se dejan de emitir se calculan en créditos, que pueden ser comprados por empresas contaminantes de Europa y otras regiones para delegar la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero.

Las compañías que buscan contratos en tierras indígenas de la Amazonía se especializan en el desarrollo de ese mercado de créditos de carbono.

“Preocupación legítima”

Celestial Green Ventures, la empresa irlandesa que firmó el contrato con la etnia mundurucú, se define a sí misma como líder mundial en la materia.

Sólo en Brasil tiene 16 proyectos que suman 200 mil kilómetros cuadrados, según “O Estado de Sao Paulo”, lo que supone un área mayor a la superficie de Uruguay.

Consultada por BBC Mundo en su sede en Dublín, la empresa declinó formular comentarios sobre la inquietud que generan sus actividades en Brasil e indicó que pronto hará una declaración al respecto.

“Nuestro país debe tener directivas muy claras para que eso (la biopiratería) no ocurra y la legislación brasileña todavía deja brechas para que esas actividades irregulares puedan suceder”

Carlos Roberto Sanquetta, experto en medio ambiente y ecología

“El gobierno tiene una preocupación legítima”, evaluó Carlos Roberto Sanquetta, un especialista brasileño en ecología, cambio climático, proyectos forestales y de carbono, consultado por BBC Mundo.

A su juicio, con los contratos que dan derechos sobre tierras indígenas a empresas extranjeras “se corre el riesgo de que haya exportación clandestina de recursos genéticos y de valores culturales de las comunidades indígenas”.

“Nuestro país debe tener directivas muy claras para que eso no ocurra y la legislación brasileña todavía deja brechas para que esas actividades irregulares puedan suceder”, advirtió.

¿Reacción exagerada?

Sin embargo, Paulo Adario, director de la campaña amazónica de la organización no gubernamental Greenpeace, sostuvo que la reacción brasileña puede ser exagerada.

La venta de créditos de carbono “es un mecanismo que nosotros no necesariamente apoyamos, pero que existe en el mercado y no tiene nada (que ver) con la soberanía: creo que hay una confusión ahí”, dijo Adario.

A su juicio, “siempre que hay una discusión sobre compañías extranjeras y la Amazonía hay una gran preocupación de Brasil con la cuestión de la soberanía y la biopiratería”.

“Hay verdad en esto y hay una preocupación muy fuerte con cosas que no existen”, indicó en declaraciones a BBC Mundo. “Por supuesto, es necesario verificar los contratos para ver lo que pueda haber detrás”.

Remedio herbario dental, un ‘potente anestésico’ – 16/03/2012

Un remedio hecho de hierbas para tratar el dolor de muelas, que ha sido utilizado utilizado por siglos por una remota tribu Inca en la Amazonía, se está convirtiendo en un tratamiento comercial para el dolor dental.

Françoise Barbire-Freedman, una médico antropóloga de la Universidad de Cambridge describió cómo ella descubrió el remedio, que se deriva de la rara planta Acmella oleracea, durante su visita a esta tribu en la selva.

Ella dijo al programa de televisión “Today programme’s Justin Webb” que mientras se encontraba recolectando información en el área, comenzó a experimentar “un dolor insoportable” en sus muelas del juicio y no tenía acceso a un dentista.

La gente local le dio esta “muy efectiva” planta.

También comentó que a pesar de estar muy agradecida por el tratamiento, se olvidó de él hasta un promedio de 20 años después, y luego obtuvo permiso para traer la planta aquí.

La Dra. Barbire-Freedman describió cómo se ha creado un efectivo gel que puede ser usado como un “potente anestésico”, salvando a las personas de tener que aplicarse inyecciones como las que son utilizadas en un tratamiento periodontal.

Cuando se le preguntó acerca de cómo la tribu podrá ser beneficiada con el producto, ella dijo que existe un muy cuidadoso modelo de redistribución para la población local que invertirá las regalías en educación y conservación.

Gel anestésico podría remplazar la aguja del dentista – 15/03/2012

Por Nick Collins, Corresponsal cienífico

Tribus indígenas descubrieron las remarcables propiedades analgésicas de la Acmella oleracea, planta que existe desde hace siglos sino milenios atrás y  que era usada por los Incas para tratar el dolor de muelas, las úlceras, los abscesos y para limpiar sus dientes.

Ahora, una investigadora de la Universidad de Cambridge dice  que el remedio podría transformar la práctica de cirugías dentales en occidente luego de descubrirlo mientras vivía con la tribu Keshwa Lamas en la selva amazónica.

La Dra. Françoise Barbire Freedman se convirtió en la primera occidental que fue aceptada en la sociedad secreta de la tribu en 1975 y ha pasado los últimos 30 años viviendo con ellos y visitándolos.

Ella dijo que la planta, que trabaja bloqueando las terminaciones nerviosas para proveer de un efecto anestésico que dura más de una hora, ha demostrado éxito en ensayos clínicos en su fase inicial, sin efectos secundarios aparentes y con comentarios positivos de parte de los pacientes.

El producto podría ser llevado al mercado por la compañía de la Dra. Freedman, Ampika Ltd, una empresa perteneciente al brazo comercial de la universidad, Cambridge Enterprise, ya en el 2014, como una alternativa natural para los analgésicos sintéticos  como por ejemplo, Non-Steroid Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs); si pruebas mayores son realizadas.

Este gel está hecho de Acmella oleracea, una hierba de flores amarillas, que se origina en la Amazonía Peruana y que también fue llevada al sur de Asia por los marineros en los siglos XVIII y XIX bajo el nombre de “planta para el dolor de muelas”.

Se ha mostrado particularmente prometedor en la ampliación de la raíz dental y los procedimientos de cepillado y podría ser utilizado para disminuir el dolor de la dentición en los bebés, para el cual no existe una alternativa natural; junto con una serie de otras condiciones curativas incluyendo el síndrome del intestino irritable, dijo la Dra. Freedman.

Ella dijo: “Este tratamiento para el dolor de muelas significa que podríamos estar viendo el final de algunas inyecciones en la cirugía dental”.

“La historia empezó en 1975 cuando, en primer lugar, fui a vivir con la población indígena de Perú. Estábamos caminando por la selva cuando comencé a tener terribles problemas con mis muelas del juicio.

“Uno de los hombres que estaba conmigo se dio cuenta y me preparó una pequeña variedad de plantas para morder. El dolor se fue. Cuando regresó unas pocas horas más tarde, él había previsto la necesidad de mantener material vegetal en la bolsa de sus cazadores, para mí.”

La Dra. Freedman dijo que se había olvidado de la planta hasta que un colega neurólogo le pidió, muchos años después, que llevara algunas muestras de plantas medicinales a Gran Bretaña de su siguiente viaje con propósitos de investigación y encontró que esta era “un éxito inmediato”.

¿Camino a la biopiratería? Indígenas de Brasil venden sus tierras en la Amazonia – 12/03/2012

Indígenas brasileños cedieron sus derechos sobre 23.000 kilómetros cuadrados de tierras en la Amazonia a una empresa irlandesa que es una de las líderes en el mercado mundial de créditos de carbono.

Según revela el diario brasileño ‘O Estado de Sao Paulo’, la compañía Celestial Green Ventures compró las tierras de la etnia Mundurucú en el norteño estado de Pará en el marco de su política de negocios dentro del mercado mundial de créditos de carbono.

Las autoridades temen que la compra, por 120 millones de dólares que no contó con el aval de toda la tribu, y la cesión de los derechos atenten contra la biodiversidad y el desarrollo de ese pueblo indígena, por lo que actualmente está siendo investigada por el Gobierno brasileño.

¿Camino a la biopiratería?

La presidenta del país, Dilma Rousseff, advirtió que ese tipo de negocios “puede impedir el desarrollo de la región y abrir el camino a la biopiratería”, teniendo en cuenta que el contrato de 30 años le impide a la comunidad indígena la extracción legal de madera y los cultivos agrícolas.

Otra de las cláusulas cuestionadas del acuerdo es la de libre acceso de la compañía a estos territorios, a donde está prohibida la entrada incluso del propio Ejército del país.

En total, la empresa irlandesa tiene 16 proyectos en la Amazonia brasileña, que equivalen al doble de la superficie de Portugal y suman casi 200.000 kilómetros cuadrados. La estatal Fundación Nacional del Indio registró treinta contratos similares entre etnias indígenas y empresas europeas dedicadas a la comercialización de créditos de carbono.